Negacionismo económico

Susana Jiménez

Se ha hablado mucho de "negacionismo", buscando silenciar a quienes niegan determinadas "realidades" y hechos históricos o naturales relevantes. Siendo profundamente contraria a la cancelación del debate y a la existencia de una visión única e inequívoca, hay situaciones donde sí ha primado un negacionismo incomprensible, y nadie parece darle mayor importancia.

Me refiero al profundo desprecio que han mostrado la mayoría de los parlamentarios hacia las ciencias económicas, alentados por un populismo rampante, y sin pudor a la hora de descalificar a los especialistas en la materia.

Hemos visto múltiples casos. Recuérdese la discusión de años atrás sobre la tasa máxima convencional, donde pese a las advertencias de que su reducción incentivaría la desbancarización y la proliferación de préstamos informales, simplemente se desoyó a los expertos. Después se vivieron las consecuencias.

Otro ejemplo más reciente fue cuando se tramitó en el Congreso la ley de la jibia, que prohibía la captura de este calamar con mecanismos distintos a los artesanales a fin de dejar fuera de la actividad a la pesca industrial. Hubo varias alertas de lo que ello provocaría, pero de nuevo se prefirió ignorarlos. A dos años de aprobada la ley, ya se constata el cierre de múltiples plantas procesadoras, con la consiguiente pérdida de empleo.

Pero lo que vemos hoy con la discusión de un nuevo retiro de fondos de pensiones ya es negacionismo puro. Lo han advertido el Banco Central, la CMF y numerosos economistas, y aun así los parlamentarios prefieren no prestar oídos y escudarse en la supuesta necesidad de la gente (con un indudable tinte electoral), incluso cuando las consecuencias sean nefastas para los mismos que se supone quieren ayudar.

Los tres primeros retiros adelantados significaron una salida de US$ 48 mil millones desde las cuentas de capitalización individual, con el inevitable perjuicio para los futuros jubilados, un enorme costo fiscal y un menoscabo del mercado de capitales. El aumento de liquidez ha explicado buena parte del alza de la inflación, que en dos años se elevó de 2,1% a 5,3% anual, y se ha traducido en un incremento de las tasas de interés, entre ellas, las de créditos hipotecarios, que en los últimos seis meses han significado un aumento de 25% en el costo total de un crédito a 20 años.

Ahora, la mera posibilidad de que exista un cuarto retiro está exacerbando aún más los ánimos, lo que se refleja en un tipo de cambio que alcanzó casi $830 por dólar y un riesgo país que incluso supera al de Perú. Si antes fuera un periodista el que se mofaba de que economistas y autoridades gritaran que "viene el cuco" (sin comprender los esfuerzos realizados para amortiguar el impacto económico), ahora es un senador de la República quien livianamente desestima que un cuarto retiro pudiera tener efecto sobre el tipo de cambio y la economía.

Sólo falta que, como se le atribuye al general Ibáñez, ¡propongan derogar la Ley de la Oferta y la Demanda! Ignorancia o negacionismo, no lo sé, pero el daño ya está hecho.

Si a ello se suma la presión que realizó incesantemente el mundo político para abrir más la billetera fiscal, lo que elevó el déficit estructural a dos dígitos y empina la deuda pública sobre 35% del PIB, solamente queda preguntarse qué hace falta para poder recuperar la sensatez y volver a atender la evidencia y la voz de los expertos a la hora de diseñar la política pública.

Dicen que todo vale en períodos electorales, pero ignorar las opiniones de los especialistas en aspectos técnicos refleja la irresponsabilidad y el partidismo de cierta parte de la clase política, que no suma ni ayuda a que seamos una mejor sociedad.